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Indemnización

El almacén de gas Castor de Escal UGS, que pertenece en un 66% a la empresa ACS presidida por Florentino Pérez, recibirá una indemnización de 1.350 millones de euros por parte del Estado después de que la empresa renunciara a dicha concesión. El mayor problema de esta indemnización, tal y como ha establecido el Gobierno en un Real Decreto-Ley, es que serán los consumidores los que pagarán los “platos rotos” teniendo que abonar dicha indemnización a través de la factura del gas.

 

Esta indemnización será asumida en un primer momento por Enagás que será titular de un derecho de cobro por parte del sistema de gas con cargo a la factura mensual de los consumidores que se empezaría a cobrar el 25 de abril de 2016 prolongándose durante los próximos 30 años.  

Sin embargo, según señala Efe, estos derechos de cobro podrían ser adquiridos por un sindicato formado por Santander, Bankia y La Caixa que recibirían una rentabilidad por este préstamo a 30 años. Finalmente los derechos de cobro irían a parar a los operadores del sistema gasístico como Iberdrola o Gas Natural que repercutirían el gasto a los consumidores finales.

 

¿Por qué Escal UGS ha renunciado a la concesión del almacén de gas Castor?

 

Las obras de este almacén se paralizaron en septiembre de 2013 a causa de varios seísmos que tuvieron lugar en las costas de Vinaroz y que alcanzaron un valor máximo de 4,2 grados en la escala de Richter. A raíz de estos sucesos se paralizaron las obras y se encargaron unos estudios de campo al Instituto Geológico y Minero y al Geográfico Nacional que determinaron que había una conexión directa entre los terremotos y la actividad gasista.

A raíz de estos acontecimientos, el pasado 18 de julio, Escal UGS presentó un escrito al Gobierno en el que renunciaba a la concesión del almacén gasista reclamando una indemnización de 1.770 millones que, finalmente ha quedado en 1.350 millones de euros que, sumados a los intereses legales, ascenderá a 3.000 millones de euros que deberán hacer frente los consumidores.

A pesar de las críticas y de la polémica suscitada por esta millonaria indemnización, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha destacado que la nueva situación supondrá un ahorro de 110 millones de euros frente a los 210 millones de euros que hubiera costado al sistema gasista la puesta en funcionamiento del almacén de Castor.

 

 


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