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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), que se venía aplicando desde 2002 en algunas comunidades autónomas como Cataluña, es contrario a la Ley por lo que el Gobierno podría estar obligado a devolver los 13.000 millones de euros que se recaudaron con este impuesto.

 

El IVMDH, también conocido como "céntimo sanitario" estuvo en vigor en España entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013 y gravaba el consumo de hidrocarburos con la finalidad de financiar las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas en materia sanitaria y medioambiental. A día de hoy este impuesto se encuentra integrado dentro del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

 

El problema de este "céntimo sanitario" es que, según el TJUE y la Directiva sobre Impuestos Especiales, carece de una finalidad específica que esté directamente vinculada con el objeto del Impuesto, es decir, según la sentencia del TJUE la finalidad de este impuesto es meramente presupuestaria y además el objeto del impuesto, el consumo de hidrocarburos, no está relacionado con su finalidad, la financiación de la sanidad.

 

Esta resolución llega después de que una empresa de transportes catalana reclamara la devolución de 45.632,38 euros pagados en concepto de IVMDH en relación con los ejercicios fiscales comprendidos entre 2005 y 2008. La empresa catalana consideraba que el "céntimo sanitario" era contrario a la Directiva Europea de Impuestos Especiales y con la resolución dada por el TJUE el Gobierno deberá devolverle la cantidad que reclamaba.

 

Por su parte la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España han solicitado al TJUE que limite la aplicación de esta sentencia ya que el IVMDH estuvo vigente en España 11 años recaudando un total de 13.000 millones de euros, de modo que si fuera necesario devolver dicha cantidad se podría generar un grave perjuicio a la Sanidad española. Sin embargo el TJUE ha rechazado esta posibilidad porque considera que el Gobierno y la Generalitat no actuaron de buena fe al aplicar un Impuesto durante más de 10 años, a pesar de que el TJUE había advertido en el año 2000 que era contrario a la Directiva Europea.

 

De este modo, el Gobierno y la Generalitat de Cataluña deberán devolver las cantidades cobradas indebidamente por este Impuesto que, recordemos, recaudó un total de 13.000 millones de euros entre 2002 y 2013.

 


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