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Diego Valderas, vicepresidente del Ejecutivo andaluz

La Junta de Andalucia tramitará una Ley anti cláusulas suelo que impondrá sanciones de hasta 600.000 euros a aquellas entidades financieras que incluyan estas condiciones hipotecarias en los contratos sin garantías de transparencia y seguridad.

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Junta la tramitación del anteproyecto de Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria de vivienda que busca garantizar a los hipotecados mejores condiciones en sus operaciones financieras, garantías de no sufrir abusos así como el establecimiento de los cauces disponibles ante los cuales pueden hacer valer sus derechos.

 

Por una información más completa y transparente

 

Esta nueva normativa obligará a las entidades a facilitar a los consumidores una información más completa y transparente, a través de la entrega de una Información Precontractual Complementaria y una Información Personalizada Complementaria que recogerá una tabla de oscilaciones de los tipos de interés. Además también se obligará a los bancos a ofrecer este tipo de información en sus páginas Web u oficinas.

Los bancos también deberán ofrecer información referente al tipo de interés ofrecido para que el consumidor pueda comparar las distintas ofertas bancarias. También deberán informar de la existencia de claúsulas de suelo y techo, del riesgo de perder la vivienda ante la falta de pago, de la posibilidad de responder con bienes propios en caso de incumplimiento y de la obligatoriedad de contratar productos asociados.

Toda esta documentación que deben entregar las entidades bancarias aparece recogida en el Índice de Documentos de Entrega Preceptiva (IDEP).

En cuanto a los plazos también se establecen mejoras y es que con esta nueva Ley el banco estará obligado a dar una respuesta, referente a la concesión de la hipoteca, en un plazo máximo de 5 días hábiles. A partir de esa fecha la oferta tendrá una validez de un mes frente al plazo actual de 10 días.

Las entidades bancarias tampoco podrán obligar al hipotecado a contratar productos asociados, salvo que esta contratación implique mejores condiciones para el consumidor y hayan sido ofrecidos de forma expresa por la entidad al hipotecado.

Para proteger aún más a los consumidores, los notarios estarán obligados a informar de los riesgos del producto hipotecario en cuestión, con lo que se convierten en defensores y protectores de los hipotecados.

 

Sanciones de hasta los 600.000 euros

 

Finalmente, la Junta prevé sanciones que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros, un 30% superiores a las actuales, para aquellos casos en los que se violen alguna de las disposiciones legales referentes a la concesión de hipotecas.

Todavía queda esperar la aprobación de este cuerpo legislativo, que coincide en muchos puntos con la nueva Directiva europea sobre hipotecas.

 

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