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El ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, ha presentado la reforma eléctrica destinada a comenzar a solucionar un problema que arrastramos desde hace casi 10 años y por el que se ha generado un agujero de unos 28.000 millones. El peso de la reforma cae principalmente entre empresas del sector eléctrico y consumidores y en menor medida, en el Estado, debido a la oposición del ministro de Hacienda.

 

Por un lado los consumidores sufrirán una nueva subida en el recibo de la luz del 3,2% en la parte que fija el Gobierno con carácter retroactivo desde principios de 2012, mientras que las eléctricas recibirán un gran recorte, de unos 2.700 millones de euros en lo que reciben por su red de distribución en concepto de costes regulados.

 

El Estado aportará menos de 1.000 millones, mientras que empresas y consumidores tendrá que asumir 4.000 millones de euros. Esto suma un total de 5.000 millones de euros, lo cual seguiría dejando un agujero de unos 20.000 millones de euros por resolver.

 

El Gobierno ha decido poner fin a las primas a las renovables, aunque se les garantiza una cierta rentabilidad, pero tanto las eléctricas como las renovables son las que van a recibir el mayor impacto económico de la nueva reforma.

 

Según el propio ministro Soria, los gastos se reparten entre "los Presupuestos Generales del Estado aportarán un 3,8%; las empresas generadoras, un 12,7%; la reducción de los costes del sistema, un 17,5%, y la subida en el precio de luz, un 8% desde fecha de 1 de enero de 2012".

 

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