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Edificios con paneles solares

Desde el pasado 1 de junio, las viviendas en venta o alquiler construidas con anterioridad a 2007 están obligadas a contar con un certificado de eficiencia energética, que al estilo de los electrodomésticos, otorgará etiquetas de la A a la G a los inmuebles en función de una serie de variables, pero no son las únicas que tendrán que pasar por este trámite.

 

Esta nueva normativa, impulsada por la Unión Europea, permitirá subir el valor de los inmuebles, pero para conseguirla hay que hacer un pequeño desembolso (estimado en 250 euros). Eso sí, si no cuentas con este certificado te expones a una multa que va desde los 300 hasta los 6.000 euros.

El certificado especificará en una escala de siete letras (A-G) el nivel de emisiones de CO2 en comparación con las dimensiones del edificio y permitirá que el comprador o arredantario pueda tener en cuenta el gasto energético al tomar una decisión previa a la compra o alquiler de un inmueble.

 

¿Cómo se mide la eficiencia energética?

 

Se calcula midiendo la energía consumida anualmente en condiciones normales de uso y ocupación y para ello se tienen en cuenta la calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria, la iluminación o la ventilación.

Así, el indicador recoge los kilogramos de CO2 divididos por los metros cuadrados de la vivienda (kg CO2/m2 al año). Los que emitan menos de 6,8 kg CO2/m2 al año conseguirán la letra A, la mejor calificación. La G, la peor nota, es para aquellos inmuebles que superan los 70,9 kg C02/m2 anuales.

Por regla general están obligados a contar con este certificado todos los inmuebles disponibles para la venta o el alquiler. Aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, no resulta obligatorio para los pisos arrendados durante menos de cuatro meses, edificios aislados con menos de 50 metros cuadrados útiles, edificios y monumentos protegidos en los que se altera su carácter o aspecto, lugares de culto o religiosos, construcciones provisionales (para menos de dos años) y la parte no residencial de edificios industriales y agrícolas.

En cambio, es obligatorio para todos los edificios de nueva construcción y también cuando se haga una rehabilitación o reforma de edificio con una superficie útil superior a 1.000 metros cuadrados, que afecte a más del 25% del total de sus cerramientos.

Para vender un piso, habrá que facilitar al comprador este certificado en el momento en el que se realice la transacción. En el caso de los arrendamientos, el casero deberá entregar una copia al inquilino. Este título no se puede solicitar tras realizar ningún tipo de transacción inmobiliaria.

 

El certificado tiene una validez de diez años.

 

A la hora de solicitar la certificación de eficiencia energética se debe acudir a los técnicos en posesión de un título habilitante (arquitectos o ingeniero). Los precios dependerán del técnico que realice la inspección. Nosotros hemos encontrado una web, en la que metiendo el código postal y el tamaño del inmueble nos proporciona una serie de presupuestos  y podemos ponernos en contacto con el técnico en cuestión. ¡Incluso hemos encontrado ofertas en webs de cupones

Cuando obtengamos el certificado de eficiencia energética podremos utilizar, durante el periodo de validez del mismo, la etiqueta de eficiencia energética. Ésta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del edificio terminado.

 

Sanciones

 

Serán infracciones leves publicitar la venta o alquiler de edificios o unidades de edificios que deban disponer de certificado sin hacer mención a su calificación, no exhibir la etiqueta de eficiencia cuando es obligatorio o exhibir una sin el formato y contenido mínimos, expedir certificados sin la información mínima, incumplir las obligaciones de renovación o actualización de los certificados, no incorporar el certificado en el Libro del Edificio y publicitar la calificación del proyecto cuando ya existe la del edificio terminado.

Las infracciones graves serán incumplir la metodología de cálculo del procedimiento básico para la certificación, no presentar el certificado ante la comunidad autónoma para su registro, no incorporar el certificado de eficiencia energética de proyecto en el proyecto de ejecución del inmueble, exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado real, y vender o alquiler un inmueble sin que el vendedor o el arrendador entreguen el certificado en vigor al comprador o arrendatario.

Y por último serán muy graves falsear la información en la expedición o registro de los certificados, actuar como técnico certificador o agente independiente autorizado para el control de la certificación sin contar la habilitación pertinente, y publicitar en la venta o alquiler de edificios o parte de edificios una certificación que no esté respaldada por un certificado en vigor debidamente registrado.

 

Además, será infracción grave la reincidencia, cometer una infracción leve si el año anterior se hubiera impuesto al infractor una sanción firme por el mismo tipo de infracción, y será muy grave si durante los tres años anteriores se hubiera impuesto una sanción firme por la misma actuación.

 

Con respecto a las sanciones, será una multa de 300 a 600 euros por las infracciones leves, de 601 a 1.000 euros por las graves, y de 1.001 a 6.000 euros las muy graves. No obstante, si el beneficio que el infractor hubiera obtenido por la infracción fuera superior al importe de la sanción se impondrá por un importe "equivalente" al de dicho beneficio, teniéndose en cuenta en la graduación el daño producido, el enriquecimiento obtenido injustamente y la concurrencia de intencionalidad o reiteración.

 

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