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La inestable situación financiera unida al delicado estado de la economía de un gran número de familias españolas ha provocado que éstas modifiquen radicalmente sus hábitos de consumo y de ahorro. Tanto es así que, según los últimos datos del Estudio de Cuentas trimestrales no financieras elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los hogares han destinado un 14,9% de su renta disponible al ahorro.

 

En línea con esta tendencia a ahorrar el próximo 1 de enero de 2014 entrará en vigor en España la Ley de Desindexación de la Economía que según el Gobierno ayudará a las familias y hogares españoles a ahorrar unos 700 millones de euros.

 

¿Pero en qué consiste la Ley de Desindexación de la Economía?

 

La Ley de Desindexación de la Economía entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2014 se aplicará a todas las Administraciones Públicas y a las familias mientras que el sector privado tendrá la opción de adherirse o no a este sistema aunque de no haber acuerdo explícito se aplicará la no indexación de manera automática.

 

Este sistema busca estabilizar los precios desde la Administración central, autonómica y local, desvincular las actualizaciones de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones Públicas del Índice de Precios al Consumo (IPC). Con esta nueva Ley los precios públicos se desvincularán del IPC y se fijarán en función de los costes que supone la prestación de ese servicio en cuestión.

 

El IPC dejará de fijar los precios como lo venía haciendo, pasando a crearse un Índice de Ganancia de Competitividad que será publicado mensualmente por el INE y que fijará los precios de los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una cláusula de revisión, pero no la hubieran especificado. La fórmula tiene en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida desde 1999. Tendrá un techo del 2% y un suelo del 0%.

 

La aplicación de este sistema está condicionada al mantenimiento de la inflacción en el 2%, tal y como ha establecido el Banco Central Europeo (BCE).

 

Este sistema fijará los precios de los transportes, las telecomunicaciones, los servicios postales, el agua, las tasas, las sanciones, los precios de los contratos públicos y la energía mientras que las pensiones, los impuestos, los instrumentos financieros y la negociación salarial no estarán sujetas a este sistema.

 

Las familias podrán ahorrar hasta 700 millones de euros

 

Los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5% del PIB. Con este nuevo sistema se prevé que si la inflacción se mantiene en el 2%, las familias podrían ahorrar hasta 700 millones de euros.

 

De este modo la economía de las familias mejorará notablemente, aunque habrá que esperar al 1 de enero de 2014, que es la fecha de entrada en vigor de esta Ley para analizar los resultados de esta medida.

 

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